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Vincular Microfinanzas con estrategias de Desarrollo económico
Isabel Cruz Hernández:
La pobreza rural es uno de los problemas estructurales más graves de México. En su solución, la inclusión financiera mediante acceso a servicios financieros es determinante para reducir la vulnerabilidad y apoyar el desarrollo económico local. La vinculación de las microfinanzas con las prácticas productivas tendientes a lograr la seguridad alimentaria, el desarrollo de actividades económicas de renta y mercado mediante cadenas de valor, permitirán aumentar la calidad de vida de las familias rurales indígenas y no indígenas, reducir su vulnerabilidad y aumentar sus ingresos.
En los últimos diez años, México ha recibido remesas internacionales por más de USD. 200 mil millones mediante 600 millones de transacciones, 40% de ellas llegando a zonas rurales donde no existen oficinas bancarias. Si bien entre 2007 y 2010 las remesas disminuyeron en 18.3%, y el número de hogares que dejó de recibir dichos recursos cayó en 27%, las remesas siguen siendo una actividad masiva en zonas rurales marginadas de estados como Puebla, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero.
Este flujo monetario representa una gran oportunidad de inclusión financiera de la población rural marginada mediante la bancarización. Sin embargo, no es una tarea fácil. Existe una exclusión financiera en las zonas rurales del país (casi dos tercios de municipios sin sucursales bancarias hasta hace dos años) que se explica por la ausencia de instituciones adaptadas al medio, con vocación rural, y que cuenten con tecnologías de microfinanzas adaptadas. Además, la dispersión geográfica, los bajos niveles de ingreso, la débil infraestructura de comunicaciones y el desconocimiento de las economías campesinas, son barreras que impiden la expansión institucional de manera efectiva.
Existen modelos de finanzas comunitarias que permite vincular servicios financieros y desarrollo económico local. La construcción de un sistema financiero rural que incluya instituciones de base comunitaria sostenibles y confiables, con servicios de alta calidad adaptados a las necesidades de los pobres rurales. En estos modelos de microfinanzas, la construcción de capacidades locales y la creación de liderazgos comunitarios son una parte de la gobernabilidad institucional que se complementa con formas modernas de administración profesional dentro del marco regulado del país.
Si bien el acceso a servicios financieros son una herramienta necesaria para apoyar el combate a la pobreza en las zonas rurales marginadas y altamente marginadas, su presencia no es suficiente y su impacto es limitado en la superación de la pobreza si no existen estrategias y programas públicos de desarrollo económico y de seguridad alimentaria. Las familias vulnerables son económicamente limitadas por otros factores que influyen más que el propio acceso al capital financiero, como son la falta de acceso a los medios de producción agrícola (tierra e insumos), tecnologías de producción limitadas, precios desfavorables de los productos agrícolas, multiplicación de los pequeños comercios (lo cual genera una fuerte competencia y pocas posibilidades de expansión), y fuerte intermediarismo para la comercialización.
Por lo anterior, es importante promover el desarrollo y organización productiva de Grupos Comunitarios en Zonas Rurales Indígenas Pobres. La estrategia se centra en el impulso de procesos organizativos de los productores y artesanos bajo la premisa de que el fortalecimiento de los procesos organizativos y de las capacidades locales, aunado al desarrollo de estrategias de fomento de las actividades productivas, generan nuevas oportunidades económicas, creando así opciones de vida digna en las zonas rurales marginadas.
Lo anterior requiere la confluencia del crédito productivo y micro-empresarial a través de las Instituciones de finanzas comunitarias y la acción combinada de subsidios provenientes de instituciones públicas, lo que asegura mayores probabilidades de mejorar la producción y comercialización de los grupos de productores. Políticas públicas de combate a la pobreza con enfoque productivo.
En los últimos diez años, México ha recibido remesas internacionales por más de USD. 200 mil millones mediante 600 millones de transacciones, 40% de ellas llegando a zonas rurales donde no existen oficinas bancarias. Si bien entre 2007 y 2010 las remesas disminuyeron en 18.3%, y el número de hogares que dejó de recibir dichos recursos cayó en 27%, las remesas siguen siendo una actividad masiva en zonas rurales marginadas de estados como Puebla, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero.
Este flujo monetario representa una gran oportunidad de inclusión financiera de la población rural marginada mediante la bancarización. Sin embargo, no es una tarea fácil. Existe una exclusión financiera en las zonas rurales del país (casi dos tercios de municipios sin sucursales bancarias hasta hace dos años) que se explica por la ausencia de instituciones adaptadas al medio, con vocación rural, y que cuenten con tecnologías de microfinanzas adaptadas. Además, la dispersión geográfica, los bajos niveles de ingreso, la débil infraestructura de comunicaciones y el desconocimiento de las economías campesinas, son barreras que impiden la expansión institucional de manera efectiva.
Existen modelos de finanzas comunitarias que permite vincular servicios financieros y desarrollo económico local. La construcción de un sistema financiero rural que incluya instituciones de base comunitaria sostenibles y confiables, con servicios de alta calidad adaptados a las necesidades de los pobres rurales. En estos modelos de microfinanzas, la construcción de capacidades locales y la creación de liderazgos comunitarios son una parte de la gobernabilidad institucional que se complementa con formas modernas de administración profesional dentro del marco regulado del país.
Si bien el acceso a servicios financieros son una herramienta necesaria para apoyar el combate a la pobreza en las zonas rurales marginadas y altamente marginadas, su presencia no es suficiente y su impacto es limitado en la superación de la pobreza si no existen estrategias y programas públicos de desarrollo económico y de seguridad alimentaria. Las familias vulnerables son económicamente limitadas por otros factores que influyen más que el propio acceso al capital financiero, como son la falta de acceso a los medios de producción agrícola (tierra e insumos), tecnologías de producción limitadas, precios desfavorables de los productos agrícolas, multiplicación de los pequeños comercios (lo cual genera una fuerte competencia y pocas posibilidades de expansión), y fuerte intermediarismo para la comercialización.
Por lo anterior, es importante promover el desarrollo y organización productiva de Grupos Comunitarios en Zonas Rurales Indígenas Pobres. La estrategia se centra en el impulso de procesos organizativos de los productores y artesanos bajo la premisa de que el fortalecimiento de los procesos organizativos y de las capacidades locales, aunado al desarrollo de estrategias de fomento de las actividades productivas, generan nuevas oportunidades económicas, creando así opciones de vida digna en las zonas rurales marginadas.
Lo anterior requiere la confluencia del crédito productivo y micro-empresarial a través de las Instituciones de finanzas comunitarias y la acción combinada de subsidios provenientes de instituciones públicas, lo que asegura mayores probabilidades de mejorar la producción y comercialización de los grupos de productores. Políticas públicas de combate a la pobreza con enfoque productivo.
